Hoteleras españolas se blindan en Cuba ante el amenazas de Trump

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Las empresas turísticas con intereses en la isla se arman jurídicamente ante posibles reclamaciones tras la activación de la norma y ponen en marcha una hoja de ruta para su defensa.

Han pasado ya ocho meses desde que el presidente de Estados Unidos lanzara su órdado al Gobierno cubano con la reactivación del artículo III de la polémica Ley Helms-Burton el pasado mayo y las empresas del sector con intereses en la isla se arman ante potenciales reclamaciones.

La activación del punto de la Ley que permite exigir una indemnización por los activos expropiados generó un tsunami entre las empresas con presencia en Cuba y, aunque de momento no ha tenido efecto real sobre las compañías españolas, el sector se prepara para presentar batalla y, con ayuda de los despachos jurídicos, diseña una hoja de ruta si se aviva la pugna en los tribunales.

Las cadenas más afectadas potencialmente son Meliá, que cuenta con 38 hoteles en la isla e Iberostar, que gestiona 17. Barceló, por su parte, tiene tres hoteles en Cuba. El consejero delegado de Barceló en EMEA, Raúl González, se mostró recientemente tranquilo con respecto a la situación de la cadena en Cuba. «Nuestra presencia en Cuba no es muy elevada y el impacto en el peor de los escenarios posibles sería mínimo. De cualquier modo, todos nuestros movimientos en Cuba estaban muy estudiados para que no hubiera ningún tipo de incidencia», añadió.

Además de las cadenas españolas, empresas de reservas, aerolíneas y entidades financieras están entre los damnificados por la norma. Hay una demanda interpuesta por los antiguos dueños de Banco Núñez contra varios bancos, en la que aparece BBVA como única entidad española. Sin embargo, ninguna empresa española ha sido notificada formalmente de estas demandas, ya que la parte demandante tiene que seguir un procedimiento que en ningún caso ha podido completar.

El temor a demandas en cascada tras la activación de la Ley se rebajó considerablemente hace unas semanas cuando Meliá -asesorada por Garrigues y las firmas internacionales Reed Smith y Arent Fox- fue apartada de la causa judicial que tenía abierta a petición de la demandante, que prefirió concentrar temporalmente sus esfuerzos en las empresas estadounidenses demandadas. Esta decisión se sumó al espaldarazo que Meliá recibió en septiembre cuando el juzgado de primera instancia de Palma ordenó archivar la demanda planteada por la familia Sánchez-Hill contra el grupo al entender que un tribunal español no es competente para valorar si la nacionalización acordada por el Estado cubano en 1960 fue o no lícita.

Los despachos consultados confirman que las comunicaciones con el Gobierno español y Europa ante los potenciales efectos de la norma para empresas españolas o de otros Estados miembros son continuas, con el fin de ofrecer la máxima protección. La pauta seguida es de alta colaboración entre todas las partes, señalan desde Uría Menéndez, una de las firmas que asesora a compañías españolas y extranjeras con inversiones en Cuba, tanto en el caso Helms-Burton como en cualquier otro proceso. Incluso, los propios despachos que asesoran los distintos casos están en conversación entre sí para ver cómo evolucionan los procesos y compartir experiencias.

Actualmente hay una veintena de demandas en curso contra compañías con inversiones en la isla. Ninguna de ellas contra una hotelera española. «Lo único que tienen las empresas españolas sobre la mesa son notificaciones para iniciar futuros procedimientos judiciales en base a la Helms-Burton. Por ello, se están asesorando por equipos legales para prepararse ante futuras denuncias», explica Hermenegildo Altozano, socio de Bird & Bird, otro de los bufetes que asesoran a firmas extranjeras con activos en la isla. El abogado explica que los procesos más avanzados son contra compañías de cruceros estadounidenses, donde los jueces están desestimando la demanda en la fase preliminar. «Como hito destacable está la desestimación de la reclamación por Havana Docks Corporation contra Norwegian Cruise Line y MSC por la utilización de la terminal de cruceros de La Habana. En ambos casos la juez considera que la concesión portuaria venció en 2004. Por tanto, no puede pretenderse una reclamación al amparo de la Ley por la utilización de propiedades nacionalizadas por el Gobierno de Cuba a partir de 1959, si el derecho sobre esos activos ha expirado», aclara.

Este caso demuestra que los jueces no están encontrando fundamentos sólidos para apoyar las demandas. Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax&Legal, recuerda que se creó mucha alarma cuando se activó la ley en mayo de 2019, «pero el aluvión de demandas que se esperaba no ha sido tal a la vista de las que hay en curso, frente a las 6.000 reclamaciones certificadas ante la oficina de reclamaciones extranjeras de EEUU».