Una familia de origen cubano residente en EE UU notificó oficialmente a la cadena hotelera española Meliá su intención de demandarle en los tribunales de Miami por operar un hotel en Cienfuegos (Cuba) que les fue expropiado hace casi 60 años, informó su abogado, Andrés Rivero.

El letrado, que representa a los descendientes de Antonio Mata Álvarez, de origen asturiano y propietario del hotel San Carlos de Cienfuegos cuando sucedió la expropiación, demandó este lunes a funcionarios cubanos que se lucraron con el contrato por el que Meliá opera el establecimiento y además lo notificó a la compañía española.

La familia Mata ha podido interponer esta acción judicial a raíz de la reciente entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 por una decisión del Gobierno de Donald Trump. El título III estuvo suspendido hasta el pasado 2 de mayo porque todos los presidentes estadounidenses anteriores a Trump desde Bill Clinton (1993-2001) decidieron no activarlo para evitar problemas en organismos internacionales y con otros gobiernos.

En virtud de ese título, los ciudadanos estadounidenses que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la Revolución pueden demandar en tribunales de EEUU a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas. Meliá es mencionada en la acción judicial presentada por los Mata, pero todavía no está demandada, pues Rivero ha optado por la fórmula de notificar y dar un plazo de 30 días para que la empresa compense económicamente a los demandantes. En caso de que no lo haga y la demanda siga su curso, la cuantía de la compensación podría triplicarse, indicó el abogado, quien dijo que ha enviado ya la notificación a las sedes corporativas de Meliá en EEUU, España y Cuba.

La demanda interpuesta por las nietas de Mata Álvarez es lo que se conoce como una acción colectiva por el hecho de que se pueden sumar otras personas que hayan sufrido similares acciones de los gobiernos que siguieron a la Revolución de 1959, explicó. Meliá se ha reafirmado este martes en lo que dijo el pasado 17 de abril de que la activación del título III de la ley no supone «ninguna alteración sustancial» de su actividad y que «opera legítimamente en Cuba y en otros 44 países, habiendo realizado una gestión impecable, profesional y responsable desde hace 30 años» en la isla, «un destino excepcional que debe seguir abierto al turismo internacional». En la demanda presentada en los tribunales federales de Miami los funcionarios cubanos demandados son todavía anónimos. Siguiendo la fórmula usada por la justicia estadounidense en estos casos, el demandado es «Raúl Doe» por Raúl Castro, anterior presidente de Cuba, dijo Rivero, quien señala que el objetivo es incautar los activos que puedan tener fuera de Cuba los demandados.

Tomado de 20 minutos